Zuhey Medina / Metapolítica
La Secretaría de Hacienda aclaró que la inclusión de los señalados en la Lista de Personas Bloqueadas se deriva de alertas bancarias tras reportes de autoridades de EE. UU.
Morelia, Michoacán, 18 de mayo de 2026.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), confirmó la inmovilización preventiva de las cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, así como de otras Personas Políticamente Expuestas (PEP) de esa entidad, tras los señalamientos de presunta colusión con el crimen organizado emitidos por el gobierno de los Estados Unidos.
A través del comunicado No. 39, la dependencia federal rompió el silencio tras las versiones periodísticas difundidas desde el pasado viernes y detalló que estas adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) obedecen a un procedimiento estrictamente administrativo y de contención.
“La UIF informa que se realizaron adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) con carácter estrictamente preventivo, derivado de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano”, precisó el órgano fiscalizador.
Alertas por corresponsalía con EE. UU.
De acuerdo con la información oficial, el bloqueo se originó luego de que agencias estadounidenses difundieran públicamente los señalamientos contra el exmandatario sinaloense y su círculo cercano. Debido a las relaciones de corresponsalía que los bancos mexicanos mantienen con entidades financieras de la Unión Americana, las instituciones locales activaron sus mecanismos de cumplimiento y monitoreo mediante los reportes denominados “LPB 24 Horas”.
La UIF subrayó que la congelación de los activos financieros tiene como único propósito “proteger la integridad del sistema financiero nacional” mientras se deslindan responsabilidades legales.
Sin determinación definitiva
La autoridad hacendaria aclaró que esta medida cautelar no prejuzga sobre la culpabilidad de los implicados ni representa una sanción penal anticipada.
“Estas medidas no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna, sino acciones preventivas de carácter administrativo”, puntualizó la UIF.
Asimismo, la institución informó que los afectados —entre ellos Rocha Moya— cuentan con las garantías de ley y medios de defensa aplicables, incluido el ejercicio de la Garantía de Audiencia, para promover los recursos jurisdiccionales que estimen pertinentes, en tanto la UIF continúa analizando la documentación técnica e institucional del caso.
