El dirigente estatal del PRD y diputado local advirtió que eliminar este requisito afecta la percepción ciudadana e inhibe la llegada de personas con historial delictivo.
Zuhey Medina / Metapolítica
Morelia, Michoacán, 11 de mayo de 2026.- El dirigente estatal del PRD en Michoacán, Octavio Ocampo, se pronunció a favor de mantener la carta de antecedentes no penales como un requisito indispensable para los aspirantes a cargos de elección popular, al considerarla un filtro necesario para la participación política.
Pese a que sentencias recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han ponderado los derechos políticos de ciudadanos que se ampararon contra este documento, Ocampo insistió en su relevancia desde la Comisión de Asuntos Electorales.
“Es un tema de percepción; si me dices que ya no habrá como requisito la carta, entonces cualquiera puede llegar a ser candidato. Es un requisito que puede inhibir la presencia de gente que ha cometido algún delito”, señaló el líder perredista.
Voto electrónico contra el crimen organizado
Al ser cuestionado sobre las medidas para evitar la injerencia de la delincuencia en los procesos electorales de Michoacán, Ocampo planteó la implementación del voto electrónico como una solución estratégica.
Explicó que esta modalidad no solo ahorraría recursos, sino que serviría como medida de protección para ciudadanos bajo presión y evitaría prácticas comunes como el robo de urnas o el relleno de boletas. “Llegan, se llevan la casilla, tachan las boletas y las regresan; el voto electrónico evitaría que los paquetes se entreguen así al instituto electoral”, detalló.
Urgen diálogo para evitar el veto ejecutivo
Respecto a la reforma electoral, Octavio Ocampo subrayó que el diálogo es fundamental para que los cambios trasciendan. Propuso la elaboración de un cuadro comparativo que incluya las iniciativas de legisladores, propuestas de partidos y la visión de los órganos electorales.
Asimismo, advirtió sobre la importancia de la coordinación con el Poder Ejecutivo para evitar que las reformas aprobadas sean vetadas o no publicadas a tiempo en el Periódico Oficial.
“Si llega una reforma después del 30 de mayo, ya no aplica para el proceso de 2027, tendría que aplicar hasta el 2030. Por eso les he propuesto el diálogo; es fundamental para avanzar en las coincidencias”, concluyó.
