Por Alejandro Martínez Castañeda
En México, trabajar ya no garantiza una vida digna. Más de 32 millones de personas sobreviven en la informalidad laboral, una realidad que expone una de las contradicciones más profundas del país: millones sostienen la economía todos los días, pero el sistema les niega derechos básicos.
La tasa de informalidad laboral alcanzó el 55 por ciento durante el primer trimestre de 2026. Detrás de la cifra existen historias de vendedores ambulantes que trabajan jornadas interminables, jornaleros sin prestaciones, trabajadoras del hogar sin seguridad social y jóvenes repartidores expuestos a accidentes sin ninguna protección legal. Son personas que generan riqueza, pero permanecen invisibles para las garantías del Estado.
Más allá de un problema económico, la informalidad representa una crisis de derechos humanos. El derecho al trabajo digno, a la salud, a la vivienda, a la seguridad social y al retiro están reconocidos tanto en la Constitución mexicana como en tratados internacionales firmados por México. Sin embargo, para millones de trabajadores estos derechos existen solo en el papel.
La precarización laboral se ha normalizado al punto de que incluso empleos “formales” operan bajo dinámicas informales: contratos temporales, ausencia de prestaciones y salarios insuficientes. En otras palabras, no solo crece la informalidad; también se ha “informalizado” la formalidad.
Las consecuencias son profundas. Una persona que trabaja sin acceso a servicios médicos enfrenta mayor vulnerabilidad ante enfermedades o accidentes. Una madre trabajadora sin seguridad social vive con incertidumbre permanente. Un joven sin estabilidad laboral difícilmente podrá independizarse, acceder a una vivienda o planear un futuro.
Las desigualdades regionales reflejan además una fractura histórica. Estados como Oaxaca, Guerrero y Chiapas registran algunos de los niveles más altos de informalidad del país, evidenciando cómo pobreza, abandono institucional y falta de oportunidades continúan concentrándose en ciertas regiones.
El impacto también tiene rostro de mujer. Las trabajadoras suelen ocupar los empleos más precarios y peor remunerados, además de asumir labores domésticas y de cuidados no pagadas. Esto profundiza la desigualdad económica y limita el acceso de millones de mujeres a una vida autónoma y segura.
Durante décadas, la informalidad fue tratada únicamente como una falla administrativa o fiscal. Pero reducir el problema a la recaudación de impuestos ignora lo esencial: la informalidad es consecuencia de un modelo económico incapaz de garantizar empleo digno para toda la población.
El discurso meritocrático que insiste en que “el que trabaja sale adelante” pierde sentido cuando millones trabajan diariamente y aun así permanecen en condiciones de pobreza. No se trata de falta de esfuerzo individual, sino de un problema estructural.
Frente a esta realidad, el Estado tiene la responsabilidad de construir políticas públicas que prioricen la dignidad humana sobre la precariedad. Formalizar el empleo no debe significar únicamente cobrar impuestos, sino garantizar seguridad social, salarios justos y condiciones laborales humanas.
Porque ningún país puede hablar de desarrollo mientras más de la mitad de su fuerza laboral vive sin derechos plenamente garantizados. La informalidad no solo precariza el trabajo: también debilita la democracia, profundiza la desigualdad y condena a millones a vivir permanentemente al borde de la incertidumbre.
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