Por Catalina Rosas
Por primera vez en décadas, México ha colocado la infraestructura energética en el centro de un proyecto de nación. La presidenta Dra. Claudia Sheinbaum presentó durante la Mañanera del Pueblo del pasado 7 de mayo un ambicioso plan de expansión y modernización de gasoductos que contempla inversiones superiores a los 140 mil millones de pesos hacia 2030, una estrategia que busca fortalecer la soberanía energética y reducir la dependencia del exterior.
El proyecto será impulsado principalmente por la Comisión Federal de Electricidad y el Centro Nacional de Control del Gas Natural, organismos que tendrán la responsabilidad de construir nuevos ductos, rehabilitar infraestructura existente y garantizar el abastecimiento energético para las futuras plantas eléctricas del país.
México cuenta actualmente con más de 21 mil kilómetros de gasoductos, pero gran parte de esa red requiere mantenimiento y modernización para responder al crecimiento industrial y eléctrico que proyecta el gobierno federal.
La estrategia energética presentada por la primer mujer Presidenta de México no solamente representa una inversión en infraestructura; también refleja el modelo económico impulsado por la Cuarta Transformación: recuperar el papel del Estado en sectores estratégicos y fortalecer a las empresas públicas como pilares del desarrollo nacional.
En ese contexto, la Dra. Sheinbaum Pardo insistió en que el objetivo central es alcanzar la “soberanía energética”, un concepto que durante años fue desplazado por políticas orientadas a la privatización y dependencia del mercado internacional.
Actualmente, México importa cerca del 70 por ciento del gas natural que consume, principalmente desde Estados Unidos. Esa dependencia ha colocado al país en una situación vulnerable frente a crisis internacionales, fluctuaciones de precios y tensiones geopolíticas. Por ello, el nuevo plan busca incrementar la producción nacional y asegurar el suministro para la generación eléctrica y la industria.
Uno de los puntos más relevantes del anuncio fue la construcción de nuevos gasoductos estratégicos en regiones clave como Veracruz, Sonora y Tamaulipas, además de la modernización de estaciones de compresión y sistemas de distribución. La CFE desarrollará nueve nuevos ductos y el CENAGAS tres más durante el sexenio.
La administración federal sostiene que estas obras permitirán abastecer 13 nuevas centrales eléctricas de ciclo combinado, consideradas obras fundamentales para responder a la creciente demanda energética del país y sostener el desarrollo industrial de los recientes Polos del Bienestar.
El gas natural será una fuente de transición para garantizar estabilidad eléctrica y crecimiento económico; sin embargo existe la necesidad de acelerar las inversiones en energías renovables.
Aun así, políticamente, el mensaje del gobierno del segundo piso de la cuarta transformación es claro: la energía vuelve a considerarse un asunto de seguridad y soberanía nacional. Bajo esa visión, busca consolidar a Pemex y CFE como empresas estratégicas del Estado mexicano, capaces de conducir el desarrollo energético sin subordinación a intereses privados o extranjeros.
La apuesta por fortalecer la infraestructura energética y ampliar la red de gasoductos representa una oportunidad para impulsar la industria y garantizar el suministro eléctrico del país; sin embargo, también revela una de las principales vulnerabilidades estratégicas de México: la alta dependencia del gas natural importado. Actualmente, cerca del 70 por ciento del gas que consume el país proviene del extranjero, principalmente de Estados Unidos, lo que coloca a la economía nacional en una situación de fragilidad frente a crisis internacionales, conflictos comerciales, fenómenos climáticos o decisiones políticas externas.
La experiencia de los apagones ocasionados por las tormentas invernales en Texas evidenció que depender de un solo mercado puede comprometer la seguridad energética nacional, afectar la producción industrial y generar impactos directos en millones de hogares. Por ello, el verdadero desafío no sólo consiste en ampliar la infraestructura, sino en construir soberanía energética mediante el incremento de la producción nacional, el desarrollo de energías limpias y la diversificación de fuentes de abastecimiento.
En este contexto, el plan energético presentado por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum deberá medirse no únicamente por la magnitud de la inversión anunciada, sino por su capacidad para reducir gradualmente la dependencia externa y garantizar que la energía sea un instrumento de estabilidad, desarrollo y autonomía para México en las próximas décadas.
